Está aún reciente Conferencia de Londres sobre Afganistán, en la que alrededor de 70 países apostaron por dar un nuevo voto de confianza al controvertidamente re-elegido presidente Hamid Karzai. El compromiso: reforzar la seguridad (con ejército y policía); fomentar la preeminencia de la ley; garantizar el respeto de los derechos humanos y contribuir a la lucha contra la corrupción gubernamental a favor del pueblo afgano. Karzai volvió a Afganistán con la recompensa de la exención de la deuda al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, que ascendía a unos 1.600 millones de dólares. ¿Qué medidas tomará Hamid Karzai para desengranar los mecanismos que contribuyan al desarrollo de su país antes de finalizar 2011 (fecha prevista por Barack Obama para el inicio de la retirada de tropas estadounidenses)?
Los problemas de Afganistán, en la denominada era pos-talibán, han ido brotando aquí y allá. No es que antes no los hubiera, la cuestión es lo difícil de afrontar asuntos sobre corrupción, narcotráfico o la insurgencia talibán cuando no existe un gobierno propiamente dicho ni unas fuerzas de seguridad afganas (todavía en fase embrionaria).
La corrupción es endémica en el país, hasta tal punto que los propios afganos creen –así lo ha recogido The New York Times- que el soborno es necesario a la hora de conseguir algún servicio por parte del Gobierno. De esta forma se ha ido tejiendo una escandalosa red de corrupción en la que los civiles en el escalafón más alto de la sociedad se lucran a costa de los más pobres. Según un informe sobre la corrupción en el mundo de Transparency International, ésta movió en torno a 2.500 millones de dólares, en una red altamente vinculada al negocio del opio. La preocupación de la comunidad internacional por las redes de corrupción radica en que suponen un obstáculo para el desarrollo del país. El destino de la ayuda internacional está sirviendo para enriquecer a unos cuantos (muchos, señores de la guerra); incluso, se sospecha de que tomen partido los insurgentes talibanes.
Según una encuesta realizada en 2007 por la organización de investigación independiente afgana, Integrity Watch Afghanistan, “se ha desarrollado una economía-bazar en la que cualquier cargo, favor y servicio puede ser comprado o vendido”. El propio presidente Hamid Karzai, después de las presumiblemente fraudulentas elecciones del pasado agosto, se ganó el recelo de gran parte de la comunidad internacional involucrada en el territorio. Una situación agravada hace poco más de un mes cuando pareció confirmar, en uno de sus discursos, el “pucherazo” de unas elecciones que le dieron nuevamente la presidencia.
Quizá, si cabe, uno de los peores lastres de la trama de corruptelas es el vínculo con la producción y tráfico de opio. Afganistán es, a día de hoy, el mayor productor y exportador de opio del mundo, siendo el responsable del 87% del abastecimiento mundial. Según cifras de 2009, el negocio de la droga supuso un flujo de unos 2.800 millones de dólares. Y es que el cultivo de opio es una solución muy tentadora, no sólo para los que esperan llenarse las manos con los beneficios sino, también, para las propias familias. Teniendo en cuenta que cerca de ¾ partes de la población son nómadas y agricultores; que sólo el 12% de la tierra es cultivable y que en estos años se ha experimentado una de las peores sequías en el país (la falta de agua ha afectado a los tradicionales cultivos de maíz, trigo, cebada o frutales), puede entenderse que, frente a la extrema pobreza, busquen una salida en el cultivo del opio. Curiosamente, la producción de opio está prohibida por el Gobierno pero el poder lucrativo de éste sortea todo tipo de barreras gubernamentales. No obstante, es interesante destacar que se ha avanzado en la erradicación de este cultivo y ya son dieciocho las provincias libres de opio, en 2007 eran trece. Aun con todo, el reto está en las áreas sur y este del país, en las que se concentran las mayores explotaciones de opio. Y refugio de insurgentes talibanes.
Marjah, en el distrito sureño de Helmand, es uno de los bastiones de los insurgentes y del narcotráfico. Marjah ha sido el blanco de la más importante, y reciente, operación militar desde la llegada del Cuerpo de Marines estadounidense a Afganistán en 2001: la operación Moshtarak (“juntos” en lengua dari). Un despliegue militar de estadounidenses, canadienses, británicos, daneses y estonios para “limpiar” la zona de insurgentes y permitir el trabajo de las fuerzas de la Coalición con los civiles en aras a la reconstrucción de la zona y la implantación de la ley. La operación, que duró cerca de un mes (desde el 13 de febrero al 6 de marzo), terminó con la muerte de 20 civiles, 120 talibanes y con la detención de otros 56. Alrededor de 3.000 familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares para refugiarse, principalmente, en Lashkargah. Otro ejemplo más de los movimientos masivos de civiles, una situación que está dando lugar a una acelerada urbanización, cuyo máximo exponente es la capital afgana, Kabul, que ha septuplicado su población en pocos años. Un hacinamiento urbano que se traduce en empobrecimiento y, consecuentemente, en un aumento de la criminalidad que es difícil de controlar por la debilidad de las fuerzas de seguridad afganas. Lo peor: la imposibilidad de evitar que muchos jóvenes, en condiciones precarias, sean reclutados por los insurgentes.
Vuelta a la Conferencia de Londres -y en consonancia con el que está siendo el argumento más utilizado por la Casa Blanca para justificar la presencia de sus tropas en Afganistán- existe una idea común en la comunidad internacional: hay que impulsar la seguridad en el país. Desde los primeros despliegues coordinados de la ISAF, se tenía claro (y así se recogió en muchos informes) que se iban a necesitar al menos dos décadas para ayudar a que Afganistán se dotase de un ejército y policía eficaces; además, por supuesto, de fomentar la implantación del derecho, democracia y desarrollo del país. Tras casi diez años en el terreno, no puede decirse que existan unas verdaderas fuerzas de seguridad afganas, de ahí se entiende el compromiso de incrementar el número de fuerzas internacionales para acelerar la larga transición en la seguridad afgana. Quizá esta sea la clave para superar muchos problemas endémicos del país, de debilitar la insurgencia talibán, de desvanecer la amenaza de que los insurgentes lleguen al arma nuclear.
